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La Mañana

Bonadio envió a juicio oral a Jaime

Buenos Aires > El juez federal Claudio Bonadio elevó ayer a juicio oral y público la causa en que se investiga al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por sobreprecios en obras para la línea ferroviaria Belgrano Cargas.
La medida también alcanza al ex titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Pedro Ochoa Romero, en ambos casos por el delito de "defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".
En esta causa, que se suma a otras que Jaime enfrenta en tribunales, la acusación apunta a supuestas irregularidades cometidas por el ex secretario por un sobrepago para la rehabilitación del corredor ferroviario Tucumán-Concepción.
 
Defraudación
A través de una serie de resoluciones, Jaime había autorizado un monto máximo de 7.986.000 pesos del Tesoro Nacional para el Belgrano Cargas, pero finalmente fueron utilizados 8.159.737,07, suma superior a la aprobada, "produciéndose un perjuicio para el Estado de 173.736,07", indicó el fallo.
Y agregó que "de la totalidad de los fondos entregados por el Estado a Belgrano Cargas, esta empresa efectuó pagos a Zonis -a cargo de las obras- por 4.608.904,68 pesos, no egresando de Belgrano Cargas la cifra de 2.524.065,24 pesos, que habrían sido aplicados a un destino distinto".
Ese hecho motivó que Jaime autorizara una partida extra para "saldar la deuda". Según el fallo, estos "procedimientos habrían estado guiados por un interés ajeno al de la administración y orientado a que Belgrano Cargas recibiera el dinero solicitado con la mayor rapidez posible, sin importar el destino que se daría a esos recursos".
 
Sumatoria

Además de este expediente por el Belgrano Cargas, Jaime enfrenta una causa por enriquecimiento ilícito en la que fue procesado; está siendo juzgado actualmente por la tragedia ferroviaria de Once; tiene una condena de seis meses de prisión en suspenso por intentar sustraer pruebas durante un allanamiento en su casa de Córdoba, y está enviado a juicio por supuestas dádivas de empresarios del transporte a los que debía controlar.

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