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La Mañana

La omisión de la Justicia

Camilo Ciruzzi

El reclamo tiene cierta justeza. La inflación carcome el poder adquisitivo de los laburantes y cunde el pedido de un bono compensatorio que permita mitigar el desaguisado. Por esa razón, una veintena de empleados estatales afiliados a la CTA interrumpió por 9 horas el principal punto de tránsito entre dos provincias. Bajo el imperio de la prepotencia, complicaron la vida a los 70 mil trabajadores que diariamente cruzan para uno u otro lado del río Limay.
Cortar una ruta es un delito tipificado en el artículo 194 del Código Penal. En el caso del piquete de la CTA, el responsable de la omisión  tiene nombre y apellido: Gustavo Villanueva, juez penal federal. Él debió garantizar que miles de personas no se vean privadas de un derecho fundamental, como es el de transitar libremente.
El puente entre Cipolletti y Neuquén es un nodo clave y los gremios lo saben. Quizás poco pueda hacer el magistrado ante la carencia de fuerzas federales para poder ejecutar una orden de desalojo. Pero ni siquiera hubo una intimación a cesar en la conducta gravosa.
Como en otros cortes en ese lugar, el ciudadano termina siendo víctima de una coerción impropia de la democracia. Con prepotencia, se amenaza a cientos que se ven obligados a caminar bajo el sol, el viento o la lluvia; o tomar desvíos de kilómetros, mientras ellos se guarnecen bajo las casetas del ex peaje. La gente solo quiere llegar a trabajar o volver a su hogar. La Policía provincial podría actuar motu proprio para hacer cesar un delito, pero corre el riesgo de transformar en víctima a los victimarios. Nadie se anima a mover un dedo para evitar judicializar la protesta y, avispados, los reclamantes aprovechan y además hacen política partidaria.

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