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La Mañana

La prueba del auto usado

Daniel Capalbo

Dicen que la prueba de honestidad más letal en los Estados Unidos consiste en someter a los políticos a la siguiente pregunta de los votantes: ¿usted le compraría un auto usado a este señor? Es de suponer que la Presidenta no se lo cuestionó cuando eligió a su compañero de fórmula. Si no, no estaríamos caminando por este desfiladero que puede terminar en una crisis institucional.
Ayer, Amado Boudou se convirtió en el primer vicepresidente en ejercicio de la Argentina enviado a juicio oral, y por un delito más o menos pedestre: el vice malversó todo lo que podía en un auto de su propiedad para un juicio de divorcio. El juez federal Claudio Bonadio lo expuso y dijo, palabras más, palabras menos, que él falsificó una firma, tramitó con un apoderado apócrifo, que las certificaciones son falsas, el formulario de transferencia también, que el precio del auto fue subvaluado y que el motor es directamente trucho.
No hay nada casual en este desenlace: Boudou ya estaba procesado en la causa por la imprenta Ciccone, y ahora se lo investiga también por enriquecimiento ilícito. Son los jueces federales de la capital quienes se reparten esos temas. Entre ellos, un grupo de magistrados que dice actuar en defensa de la autonomía judicial y que se reúnen encabezados por Ariel Lijo. Son de la partida Sergio Torres, Marcelo Martínez Di Giorgi, Sebastián Ramos, Romilda Servini de Cubría, Julián Ercolini y Bonadio. Buscan limitar los intentos del oficialismo de controlar la Justicia con la designación de fiscales adictos, a quienes delega enormes facultades investigativas en el nuevo Código Procesal Penal. Esa es la pelea que subyace. Nada quita, sin embargo, que Boudou deba hacer frente a la suma de gravísimas acusaciones.
 

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