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La Mañana

La AFIP entregó a Bonadío las declaraciones juradas

Son las de Cristina, Máximo, Florencia y de un hijo de Lázaro Báez.

Buenos Aires
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) entregó ayer por la mañana las declaraciones juradas impositivas de la presidenta Cristina Kirchner, las de sus hijos Máximo y Florencia; también las de su esposo fallecido Néstor Kirchner, dando cumplimiento así al pedido solicitado por el juez federal Claudio Bonadío en el marco de la causa judicial que investiga el patrimonio de la Presidenta y sus negocios hoteleros.
Según informaron fuentes judiciales, un funcionario del organismo recaudador se presentó en el juzgado de Bonadío y entregó la documentación que ayer había sido requerida por el magistrado.
Bonadío también pidió las declaraciones de los impuestos a los bienes personales y las de Ganancias de Martín Báez, hijo del empresario, y de otros integrantes de la sociedad Hotesur: Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner; Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner, y Patricio Pereyra Arandia.
También solicitó información impositiva sobre Adrián Berni, que además de figurar en uno de los directorios de Hotesur, integra Valle Mitre. El juez abrió una investigación sobre Ricardo Leandro Albornoz, también de Valle Mitre. Esa compañía -de Báez- administró el negocio hotelero de los Kirchner.
El jueves una delegación de la Policía Metropolitana se había presentado en las oficinas de la AFIP para obtener las declaraciones juradas de impuestos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que desató un vendaval de críticas de todo el tinglado de funcionarios  kirchneristas.
El organismo recaudador hizo lo mismo con el empresario de la construcción y principal beneficiario de contratos de obra pública en la Patagonia desde 2003 en adelante, Lázaro Báez.
El pedido de información a la AFIP permite deducir que Bonadío investigará las relaciones entre la empresa Hotesur, propiedad de la familia presidencial, y el grupo empresario de Báez, y que el caso avanzará más allá de las irregularidades que cometió Hotesur ante la Inspección General de Justicia (IGJ) por la falta de presentación de balances.
La investigación que lleva a cabo el juez federal Caudio Bonadío se puso en marcha a raíz de una denuncia que, por sospecha de lavado de dinero, radicó la dirigente del GEN, Margarita Stolbizer, alineada políticamente con el conglomerado de partidos UNEN.
Julián Álvarez, secretario de Justicia de la Nación, calificó al juez de “pistolero”, mientras que el senador neuquino Marcerlo Fuentes presentaba nuevas acusaciones contra el juez federal en el Consejo de la Magistratura con miras al juicio político. Mientras tanto, Stolbizer también recibió como réplica un pedido de investigación, en su caso por enriquecimiento ilícito al que la dirigente consideró “una ridiculez”. Dirigentes del Frente Amplio UNEN repudiaron ayer la denuncia a la diputada Margarita Stolbizer y aseguraron que la líder del GEN “no tiene nada que esconder”. “El Gobierno solo se ocupa de amenazar a los jueces, acallar a los periodistas y perseguir a los opositores”, sostuvo en su defensa el presidente del Comité Nacional de la UCR, Ernesto Sanz.

 

UNEN salió a bancar a Stolbizer

El socialista Hermes Binner consideró que “es muy burdo acusar a Stolbizer de enriquecimiento ilícito” y aseguró que quienes impulsan la denuncia contra la líder del GEN son “esbirros del poder”. En tanto, Ricardo Alfonsín (UCR) dijo que “nadie atribuiría a las denuncias de Stolbizer otra intención que no sea conocer la verdad y defender la ética en el ejercicio del poder. En el fondo, lo único que pretenden es dañar a una figura que goza de una fuerte credibilidad social”.

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