Alfredo Vigil
La protesta de la familia Campo Maripe, que acaba de bloquear algunos de los accesos al yacimiento Loma Campana, que opera YPF en sociedad con Chevron, y de tomar dos equipos de perforación, representó un hecho de una gravedad extrema dentro de la industria petrolera. Los manifestantes treparon a equipos de la empresa Nabors y mujeres de esa familia se encadenaron a ellos con el fin de que el gobierno provincial los reconozca como mapuche o pueblo originario. Eso puso en peligro la vida de los manifestantes y de los operarios presentes, y en riesgo la misma operación de los equipos en los pozos.
El acceso a un equipo de perforación, o work-over, demanda estrictas medidas de seguridad, no solo para los escasos visitantes que puedan llegar, sino para los mismos operarios. Una torre difícilmente sea un lugar de paseo o de esparcimiento. La industria hidrocarburífera estableció severas normas de seguridad tras una dura curva de aprendizaje jalonada por innumerables incidentes. Ante este tipo de reclamos, el tiempo juega en contra y el Estado debe, urgente, tomar cartas en el asunto para evitar la pérdida de vidas humanas. La presencia en un pozo de gente no capacitada es jugar con la muerte. Y esto lo deben entender de una buena vez las autoridades, que deben poner coto a este tipo de reclamos en los que todo vale. El Poder Judicial parece no haber aprendido lo suficiente: hace tiempo, una oficial de la Justicia fue desfigurada cuando se hizo presente ante una protesta de mapuches. La mayor actividad económica de la provincia necesita certezas. Y la seguridad de no ser atacados, invadidos, agredidos o boicoteados es una de ellas. No hay dos naciones. Hay una Argentina y todos somos esclavos de la ley.
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