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24-02-201301:30| Policiales |   
El juez cree que a Peralta lo mataron porque tenía una "deuda económica"
El magistrado a cargo de la causa, Mauricio Zabala, procesó a dos sospechosos como autores del crimen. Serían quienes le habrían vendido drogas, pero luego el joven no les pudo pagar.
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El asesinato ocurrió en junio de 2012. Diego Peralta, oriundo de Centenario, fue hallado en el río Neuquén con un tiro.
 
Neuquén >
La causa por el asesinato del joven Diego Francisco Peralta, en la madrugada del 22 de junio del año pasado, estaría en condiciones de ser esclarecida. Una deuda que cargaba la víctima habría sido el motivo por el que lo asesinaron de un tiro. Y son dos los sospechosos del ataque, a quienes el juez les dictó la prisión preventiva.
Este panorama se desprende de los procesamientos que formuló el juez de Instrucción Mauricio Zabala contra dos sospechosos identificados como Juan Monsalve y Mauro Riquelme, según confiaron fuentes judiciales a La Mañana de Neuquén. Además, en la resolución se remarcó la captura de un individuo identificado como Pedro Acaricia, quien también habría tenido participación en la muerte de Peralta.
En tanto que a las otras dos personas que permanecían detenidas por el caso el magistrado les dispuso la falta de mérito y las liberó.
El juez sostuvo en la resolución que las evidencias obtenidas en la primera etapa de la instrucción permiten sospechar que Monsalve y Riquelme serían penalmente responsables del delito de homicidio calificado en grado de coautores, el cual prevé una pena de prisión perpetua.
El homicidio del joven de 28 años, que vivía en Centenario, se vincula directamente con el comercio y consumo de drogas. Para el juez no hay dudas de que la noche en que la víctima desapareció de su casa, horas antes y en compañía de otras personas, consumió drogas y alcohol. La adicción que sufría era conocida, declararon testigos de la causa.
 
Secuestro
Por este motivo, Peralta le compraba drogas a los procesados y en un momento no pudo cancelar la deuda que contrajo. Los sospechosos habrían irrumpido en su casa y lo secuestraron para darle un castigo.
Los investigadores judiciales, con la directa participación del fiscal de Graves Atentados contra las Personas, Maximiliano Breide Obeid, y efectivos policiales de Seguridad Personal, probaron que la víctima fue arrastrada hasta la calle, fue subida a un automóvil Fiat Duna y llevado hasta el río Neuquén.
Allí fue obligado a descender del rodado. Riquelme aparecería como el posible autor de al menos de un balazo ejecutado con un revólver calibre 22, el cual impactó en el tórax de la víctima. Después, el cuerpo fue arrojado al río.
El titular del Juzgado Uno explicó que “no puede soslayarse la relación existente” entre los imputados y Peralta. Se estableció un “vínculo de dependencia en lo atinente al suministro de sustancias psicotrópicas por parte de los acusados y la adicción conocida por todos de Diego Peralta”, lo que acarreó “una deuda económica”.
Se habría demostrado también que Peralta, además de no haber cumplido con los pagos por la entrega de las sustancias tóxicas, mantenía una relación amorosa con la pareja de uno de los sospechosos, por lo que se descarta de plano que accediera a acompañar a los presuntos homicidas y de que subiera voluntariamente al Fiat Duna.
 
45 días después
Su cadáver fue hallado casi 45 días después en un sector conocido como “Las Parcelas”, ubicado sobre la margen oeste del río Neuquén, al costado del puente que une Centenario con Cinco Saltos.
Zabala sostuvo que los sospechosos deben permanecer tras las rejas en la U11, hasta el momento de ser sometidos a juicio oral y público por la Cámara que corresponda.
Puntualizó en la resolución el “particular esfuerzo” realizado por los presuntos autores del crimen, para procurar hacer “desaparecer” los rastros del delito.
Asimismo, remarcó que  intentaron no dejar evidencia alguna en el interior del vehículo que fue utilizado para el secuestro de Peralta. “Le retiraron las alfombras y paneles interiores, lo lavaron repetidas veces y finalmente lo vendieron”, lo que claramente indica la “intención de entorpecer la investigación y procurar la impunidad mediante la eliminación de la prueba”.
Añade que dicho procedimiento fue desplegada por los acusados durante todo el tiempo que en que estuvieron en libertad, por lo que resulta lógico inferir que, de recuperar la libertad, “continuarán con tales acciones, frustrando la investigación en curso”.
Además, Zabala abona la necesidad de que ambos sujetos continúen en prisión, habida cuenta de que la familia Monsalve “tiene una fuerte incidencia” sobre la población de Centenario, en razón de que algunos de ellos “se encargan de seleccionar a la gente que está interesada en recibir un plan social”, según surge de la lectura del expediente.
También se habría constatado con un alto grado de certeza que Juan Monsalve y Mauro  Riquelme “se dedican a la venta de estupefacientes y han organizado una compleja estructura”, con otros individuos.