El clima en Neuquén

icon
17° Temp
45% Hum
La Mañana

“El fallo de la Corte salda una deuda de 30 años"

Graciana Peñafort, abogada y coautora de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, dice que se trata de una bisagra histórica para el país y un paso en la construcción democrática.

Por PAULA BISTAGNINO

Arrastra la erre con inconfundible acento sanjuanino. En su despacho del Ministerio de Defensa, donde dirige el área de Asuntos Jurídicos, Graciana Peñafort (36) escucha concentrada la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  de la OEA de los periodistas Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá, que solicitan una visita al país y denuncian la falta de libertad de expresión. "Esto para mí es como el fútbol para los hombres, perdón”, se disculpa y pide esperar a que termine la audiencia para empezar la entrevista. Se enoja porque se corta la transmisión, hace muecas ante cada palabra de todos los expositores y, cuando es el turno de los representantes del Gobierno argentino, celebra, como si fueran goles. “Muy bien. Así se hace. No sé quién lo escribió, pero la argumentación es perfecta. Cada palabra está en su lugar… Esa es la clave. Muy bien”, va relatando, con la pasión de quien lleva casi dos décadas dedicada a las leyes, los temas jurídicos. Militante peronista, hasta 2012 fue funcionaria del COMFER -hoy AFCSA-, como directora de Asuntos Legales y Normativas, y persona de confianza de Gabriel Mariotto. Hasta 2012 ocupó el cargo de directora de Asuntos Legales y Normativas; desde ese lugar se ocupó de ser la traductora legal de las demandas de la sociedad civil en las audiencias públicas que se realizaron en el proceso de debate y escritura de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), y su cara y nombre se hicieron públicos en la audiencia pública ante la Corte Suprema de Justicia previa al reciente fallo, donde representó al Estado.  “Este fallo viene a saldar una espera y una deuda de 30 años. Porque no son sólo los cuatro que se demoró desde la sanción con estrategias judiciales y medidas cautelares, sino que son más de 40 proyectos presentados que nunca prosperaron. Este fallo es una bisagra en la construcción de la democracia y el país que queremos”, arranca cuando termina el streaming de la audiencia en la OEA.
 
¿La sorprendió el fallo?
Siempre estuvimos muy convencidos de la constitucionalidad y de la convencionalidad de la Ley, no sólo porque su contenido rinde tributo a las mejores prácticas en materia de libertad de expresión del mundo y a los tratados de derecho internacionales, sino porque el proceso de construcción de esta Ley, además de cumplir con los requisitos formales y jurídicos, tuvo un profundo sentido democrático. Creo que el fallo es un reflejo de lo que se ha sostenido en estos 4 años: que la Ley refleja un cambio de paradigma de lo que es la libertad de expresión, un cambio que va de considerarla un derecho individual a un derecho social y colectivo. Es empezar a considerar y respetar el derecho a la información de una sociedad, que es imprescindible que sea desde múltiples puntos de vista y no, como hasta ahora, desde una única posición dominante que quiere amoldar la información a la opinión pública.
 
Los argumentos por la inconstitucionalidad, aceptados por tres de los siete jueces, decían que esta Ley viola el derecho de propiedad del multimedio sobre sus licencias y la libertad de prensa. ¿Qué opina de eso?
No, eso lo hemos discutido durante mucho tiempo. Las licencias tienen una relación de sujeción especial, que es el derecho administrativo, pero no es cualquier actividad: es una actividad reglada y sujeta al interés público. Porque la información es un bien social, entonces no se trata de la propiedad stricto sensu, como sería la propiedad de un objeto; se trata de un derecho especial sobre un bien que, aunque es administrado por un particular, está en función de un interés social. En este sentido, creo que el fallo es muy claro y establece esta sujeción de las licencias al interés general; pero además, el Estado ha acreditado que en el tema puntual del Grupo Clarín ni siquiera esta suerte de propiedad era tal: porque, por su dimensión, no sólo no cumple la actual Ley, sino que su nivel de concentración es tan grande que tampoco cumplió la muy generosa norma que ha sido derogada: la famosa fusión Multicanal-Cablevisión había sido rechazada por el COMFER por acumular más licencias de lo que permitía la vieja y, repito, generosísima ley. Entonces, no hay ninguna alquimia que pueda convertir lo que era violación a un régimen anterior en derecho adquirido para el nuevo régimen.
 
¿Qué es lo que se viene ahora en cuanto a los tiempos para el proceso de adecuación de Clarín?
Yo no puedo prever eso pero sí que la adecuación no es, como yo escuché en estos días, “el desembarco de Normandía”. Es un proceso reglado y, como tal, asistido por todos los derechos de un procedimiento administrativo. Pero quiero ir más lejos: la Argentina tenía un nivel de concentración de medios que era incompatible con la libertad de expresión; uno de los más dramáticos de la región. Y eso no era sólo por el Grupo Clarín. Y voy a dar un ejemplo para aquellos que abrazan al liberalismo: el sistema norteamericano impide que alguien pueda tener un diario y un canal de televisión en la misma localidad. Es decir, se sabe en el mundo que la única manera de proteger la libertad de expresión es impedir la concentración mediática; porque, cuando la hay, alguien sí o sí se apropia de las voces que le corresponden al conjunto. También escuchaba el argumento de que los límites se ponen con defensa de la competencia. Error: esa es una protección posterior, que puede servir si uno compra un lavarropas caro; te devuelven la plata y listo. Pero cuando vos no tuviste acceso a contenidos ni capacidad de debate plural, ¿cómo se te indemniza eso? Lo marcan los informes de la Comisión Interamericana que desde 2004 dicen que la libertad de expresión necesita protección antes, porque es muy difícil reparar el daño que produce la vulneración del derecho.
 
¿Cómo impacta la Ley desde un punto de vista federal?
Muchísimo. La Ley es un cambio de paradigma: la dictadura consideraba la información poco más que una lata de sardinas; era una mercancía y, por eso, la llevaban adelante las entidades con fines de lucro. Si tus contenidos están destinados a vender detergente, todo va a cumplir ese fin, y si no, queda afuera. Eso no quiere decir que no vendas detergente con gran calidad, creatividad, incluso con responsabilidad social empresaria. Pero, ¿dónde está el espacio de quienes tienen otras perspectivas de la realidad? ¿Les basta una hora en una suerte de documental antropológico? ¿Por qué siempre otro tiene que hablar por los más débiles? Seremos mejor sociedad cuando dejemos de tatar a los más débiles como incapaces y desde una mirada paternalista. Y en este darle voz a otros, el núcleo es el impacto federalista: ya cruzando la avenida General Paz, el nivel de concentración fue muy negativo para la diversidad. Porque al desaparecer los canales locales, y convertirse básicamente en repetidoras, desaparecieron las informaciones que hablan, por ejemplo, con tonada como yo. Esto de no poder reconocerte en tu realidad social es de un daño inconmensurable. Puertas adentro de la Argentina, la Ley hace una enorme apuesta a la promoción y producción de contenidos locales que además sean reflejo de la identidad cultural de la zona geográfica donde se hacen.
 
¿Cuándo se va a poder ver el impacto de esto?
Esto ya se está viendo, y se verá cada vez más de acá a un tiempo. Hoy se está produciendo ficción en el interior e incluso ya empieza a llegar a Buenos Aires. Y ya los canales de televisión del interior están volviendo a ser productores, difusores y espejo de las noticias locales. Eso que alguna vez fueron pero que desapareció en el proceso de concentración. Estamos viendo este cambio: los contenidos empiezan a ver en su espectador, en su oyente, un sujeto de derecho. Y esto también es importante, eso exige la participación del espectador u oyente.
 
Este fallo se interpreta como un triunfo del Gobierno contra el Grupo Clarín…
Porque Clarín lo tomó a título personal. Pero a la Ley le interesa desconcentrar el sector y le preocupa, en este sentido, cualquier posición dominante. El tema es que, claro, Clarín es el más concentrado del país, y entonces convierte una ley en una acción en su contra. En este sentido, para que se vea lo que hace la concentración y lo que impide la ley: el desembarco de los grandes jugadores en el interior del país en todos estos años no es que haya afectado la competencia… La destruyó por completo, la eliminó. El Grupo Clarín no fue construyendo una red y pidiendo licencias; el Grupo Clarín iba a un lugar y compraba todas las licencias, pero además lo hacía a través de prácticas predatorias: por ejemplo, no venderle al competidor el fútbol y darlo gratis en sus canales. Y claro: en menos de un año había una migración masiva de abonados, el competidor quebraba y ellos lo compraban quebrado. Por supuesto, no para dar un servicio diferencial, sino para cerrarlo. Eliminaban la competencia para construir una posición cuasi o directamente monopólica. Eso es lo que evitará esta ley.
 
El Grupo Clarín fue el único que no presentó el plan de adecuación. ¿Creían en lograr la inconstitucionalidad?
Hasta su socio minoritario presentó la adecuación. Yo les concedo que, a lo mejor, sinceramente, creían que tenían razón. La experiencia indica que los grupos concentrados en la Argentina siempre fueron muy ingeniosos para sortear las leyes y, cuando no podían, las cambiaban o conseguían gobiernos que no se las aplicaran. También a veces conseguían hacer leyes a su medida. Yo creo que el Grupo Clarín le tenía más confianza a la política que a los argumentos. Y creo que la audiencia pública fue una clara muestra de esto: durante todo el debate, el Estado trataba de aplicar razones y ellos se contentaban con eslóganes: “tal canal va a desaparecer”, “nos quieren callar”…  Si tu argumento es la libertad de expresión pero, cuando un juez te pregunta cómo te afecta la Ley en esa libertad, lo único que se te ocurre como respuesta es sacar un balance de un contador, estamos hablando de cosas distintas. Y la Corte lo refleja en el fallo: no es lo mismo sustentabilidad que rentabilidad. Clarísimo.
 
El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, dijo que este fallo no implica que no vaya a haber más batallas judiciales, y se hablaba de que quedan huecos para que el Grupo Clarín pueda dilatar la adecuación. ¿Es así?
Lo que ha expresado el juez de la Corte es algo que está muy bien, porque si hubiera un fallo que cerrase cualquier posibilidad de defensa por parte de alguien sería ilegítimo. Porque a nadie se le puede negar esa posibilidad. Ahora, esta defensa se tiene que dar en un determinado marco: la Corte ha dicho que la Ley es constitucional y hay que cumplirla. O sea, la defensa no puede ser no cumplirla. Eso no quiere decir que no hay derecho a hacer algún reclamo o discusión de límites. Y no está mal. Eso es lo que hace que este fallo trascienda a los servicios de comunicación audiovisual y a casi todas las leyes: sienta las bases de la diversidad de voces, del diálogo y de la tolerancia, que es lo único que nos va a volver una sociedad mejor. Es el desafío que tenemos todos.

Lo más leído