Por GABRIEL RAFART

La Argentina no cuenta en su historia política con un proceso donde la intervención de los jueces alumbrara un sistema nuevo. De la envergadura del Mani pulite italiano, aquel sacudón que pulverizó todo un esquema de partidos y fundó una nueva República. Si bien el cambio fue dramático lo que se dio, pasadas dos décadas, dejó mucho que desear respecto al viejo sistema. Contó para ello con el protagonismo del magnate de los medios, Silvio Berlusconi, quien, efectivamente, no jerarquizó el emergente sistema de partidos con su histriónica actuación, junto a esa mezcla de neoconservadurismo desembozado y admiración por el fascismo.
Tampoco el país cuenta con un parlamento convertido en fiscal y juez que, con argumentos de la historia, tomados de un viejo manual del tiempo de la Guerra Fría, anticomunista por naturaleza, se propuso destituir un presidente que careció de oportunidades para una adecuada defensa.
La clase política italiana en el viejo mundo, lo mismo que la paraguaya en el nuevo continente, no parecen ofrecer modelos a seguir. Tampoco Inglaterra promete ofrecer lo mejor de su rostro judicial al contaminar sus intereses estratégicos –léase el acompañamiento a las política de los EE.UU. de gendarme internacional– para bloquear el asilo en Ecuador del creador del sitio web WikiLeaks, el australiano Julio Assange. 
La suerte de contar con un mundo de doscientos países brinda oportunidades para mirar otras experiencias. La brasilera es una de ellas. Un tribunal de ese país está llevando a cabo el proceso judicial por corrupción más importante de su historia democrática después de aquel que le costara la renuncia a Fernando Collor de Mello. José Dirceu, quien fuera jefe de gabinete de Luiz Inácio Lula da Silva, está en el banquillo de los acusados. Este juicio compromete a otros treinta y siete integrantes del Partido de los Trabajadores y de otras fuerzas políticas. Los hechos ocurrieron en la primera presidencia de Lula. El caso es conocido como la gran mesada, por las sumas que se entregaban a los políticos propios del partido gobernante y agenos a él, con el propósito de ganar voluntades y sostener un aceitado esquema de corrupción. Pasaron siete años de aquellos eventos. Lula mismo tuvo que reorganizar su gabinete convocando entonces a Dilma Roussef como nueva jefa de gabinete. A Lula no le fue tan mal con ese recambio, ya que obtuvo un segundo mandato y la continuidad de su gobierno fue asegurada con la elección de Roussef como nueva presidenta en 2010.
Han pasado doce años desde que el parlamento argentino vivió uno de los episodios de corrupción más visibles de su historia. Sin duda no era el único de aquel tiempo. Hubo muchas situaciones que fueron horadando la credibilidad de los parlamentarios y la clase política toda. Sólo recordar la historia del “diputrucho” ya fallecido Juan Abraham Kenan, un empleado del Congreso que produjo el quórum necesario para votar la ley de privatización de Gas del Estado.
Durante el gobierno de la Alianza, antes de que tomara estado público los eventos de la “Banelco”, Carlos Chacho Álvarez como Vicepresidente de la Nación y titular de la Cámara de Senadores, denunció la existencia en ese cuerpo de ochocientos empleados que cobraban sin trabajar y difundió la lista completa de personal para mostrar la proliferación de familiares de los legisladores. Aún más, se atrevió a culpar a los senadores peronistas de “formar un banda que lo extorsionaba”. Seguidamente tuvo que enfrentar al propio gobierno que formaba parte al conocer el manejo en la aprobación de la ley de reforma laboral luego de que un periodista de La Nación escribiera: “habrían existido favores personales de envergadura”.
En la semana, el Tribunal Oral Federal 3, decidió continuar con el juicio oral por los sobornos en el Senado, suspendido en noviembre del año pasado. Además del ex presidente Fernando de la Rúa están enjuiciados el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia, Fernando De Santibañes; los ex legisladores del PJ Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Constanzo, Ricardo Branda. También el el exsecretario parlamentario del Senado Mario Pontaquarto y el exministro de Trabajo Alberto Flamarique.
Sin duda, este juicio ha sido demorado más de la cuenta. Tampoco lo que resulte de él está cantado. Su demora puede ser una ventaja. Era imposible que ocurriera en los meses de la caída de De la Rúa. No había en la Argentina de entonces energías suficientes para producir un mani pulite semejante al caso italiano de 1992. El país estaba ocupado en otras cosas procesando su propio abismo. Posiblemente, el transcurso del tiempo ha permitido a los enjuiciadores hallar nuevas herramientas para afrontar el proceso. Aquí cuenta la perspectiva, la pasión, los recursos. Es que el juez siempre es una suerte de historiador al reconstruir eventos y producir una “interpretación”, en sus casos delictuosos. Aún más hubo un juez que ya había decidido liberar de responsabilidad a los acusados. Si lo hizo, no fue tanto por la “fallas” en las pruebas acumuladas como por una evaluación “política” de los eventos. Las cosas parecen presentarse de otra manera. Y lo que resulte de ello será más que un conjunto de políticos corruptores y corruptos, será un juicio retrospectivo sobre el funcionamiento de una clase política. Aquella que ocupo posiciones en los inicios de la democracia restaurada en 1983 y “maduro” una década después.
Hay otros jueces que tendrán que verse con la historia. Son los que conforman el  Tribunal Federal 2 de Jujuy que llevan la causa sobre Luis Arédez y otras víctimas del terrorismo de Estado. Tienen a su cargo una tarea que seguramente no estaba en sus miras: “demostrar” con pruebas la complicidad empresaria en la estrategia terrorista de la última dictadura. En sus manos está definir la situación procesal del dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier. Aquí también lo que ocurra generará cambios en la construcción de relatos históricos que vienen hablando de la dictadura cívico militar de 1973-1976.
Si todos aquellos casos hablan de historia como pasado hay hechos de un tiempo que pasó, más reciente, que también está en manos de los jueces. Un jefe sindical ha sido llevado a juicio. Jose Pedraza junto a dieciséis hombres de su sindicato y otros individuos que en otra época se los conocía como “lumpenproletarios”, están siendo enjuiciados por el asesinato de Mariano Ferreyra y las heridas a otras personas que participaron junto a un grupo de militantes en una protesta el 20 de octubre de 2010. Este juicio también hace historia. Rompe un esquema de impunidad existente en el mundo sindical. Entre las patotas, el desvío de fondos de obras sociales, hasta el manejo de empresas, cuando no la asociación directa con el crimen, hizo de ese universo un típico sindicalismo “charro”.
Hay otro universo judicial que está haciendo historia. Varios jueces supremos, con académicos del derecho, asociados a legisladores, han producido un nuevo Código Civil para el país. Entre los nuevos institutos se reconoce la propiedad comunitaria indígena, los derechos personalísimos, además de cambios y conceptos nuevos sobre el matrimonio.
Los jueces están entretenidos. Afrontan casos que tienen peso propio. Van más allá de un evento de corrupción ocurrido hace más de una década. Importan para hacer “justicia” por el crimen de Mariano Ferreyra. Lo mismo en relación a los desaparecidos del Ingenio Ledesma. Cada uno de ellos son historia, También presente.