Urgido por conseguir fondos en un contexto de desaceleración, y ávido de posicionarse en la arena política, el mandatario consiguió que su Legislatura diera baja al acuerdo firmado en 1992 entre Nación y las provincias, que cedieron a la Anses el 15% de la masa coparticipable. Ahora, redobla la apuesta: envió una carta a cada uno de los mandatarios para pedir que sigan su ejemplo, ante lo que llamó una norma legal “ilegítima”, que los priva de “importantes recursos”. Desde Santa Fe, otro distrito opositor, también se elevó un reclamo, y los sectores no kirchneristas de varios subestados ya comienzan a levantar la bandera del federalismo, una insignia que apela a reivindicaciones históricas y hasta justas, pero que a menudo termina siendo una presa de intereses partidarios.
Lejos del debate político, en momentos de escasez de fondos, vale el análisis del complejo esquema de reparto que tiene Argentina y sus consecuencias para Neuquén. Según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Neuquén “cedió”, entre 2003 y 2012 (proyectando el año entero), 1.738 millones de pesos por la detracción del 15% de la masa coparticipable destinada a la Anses. Sólo este año se proyecta que la cifra alcanzará 404 millones de pesos, un número que permitiría cubrir el déficit presupuestado y casi la mitad del calculado por técnicos de Economía para este ejercicio.
Para el conjunto de las provincias, las detracciones signficarán la resignación de 24 mil millones de pesos, que según el Iaraf representan alrededor del 80% del déficit consolidado.

Historia de un pacto
Para entender la raíz del reclamo de los gobernadores (una postura que es unánime, aunque muchos decidan no manifestarlo públicamente), es necesario repasar las medidas que llevaron a esa resignación de fondos.
En 1992, se firmó el acuerdo entre Nación y las provincias que permitía al Estado Nacional la retención del 15% de la masa coparticipable bruta para atender el pago de las obligaciones previsionales nacionales y otros gastos operativos. La misma se sumó a un conjunto de detracciones específicas ya existente, por ejemplo, parte de la recaudación de IVA y Bienes Personales.  Estas detracciones son previas a la denominada “distribución primaria”, es decir que se calcula sobre toda la masa, antes de entrar en el esquema de reparto fijado por ley.
La retención del 15%, que este año representará unos 40 mil millones de pesos de los cuales 24 deberán ir a las provincias según los índices establecidos, se sigue sosteniendo en la actualidad.
“En su momento, a la hora de firmar el acuerdo, hubo mucha tensión y por eso todas las provincias firmaron”, explicó el profesor de Finanzas Públicas de la UNCo Mario Pilatti.
Más de 20 años después surge el reclamo por el cambio en las reglas del juego. El objetivo de esa medida era cubrir los déficits de financiamiento del sistema de seguridad social, que se dispararon en 1994 con la creación de las AFJP. Sin embargo, la estatización de las cajas privadas y la vuelta a un sistema solidario tornan innecesario, en la mirada de algunos gobernadores, el aporte de las provincias. El reclamo se maximiza en momentos donde la economía se enfría y los fondos son esquivos.

Fondos tensos
Pero la “devolución” de ese 15% a los subestados generaría importantes desfases no sólo en el superávit de la Anses, sino en el de las cuentas públicas nacionales. Según explica Pilatti, “el superávit de la Anses fue de 22.700 millones de pesos, mientras que el del sector público nacional fue de 22.400”. “Todo fue deficitario, salvo la Anses, y eso levantó los números”, señaló el economista.

Proyecciones
“Cuando se firmó la Ley de Coparticipación Nacional (Nº 23.548), el reparto de fondos era de más de 50% para las provincias y el resto a Nación. En los `90 era de 50 y 50. Cuando se estabilizó el régimen que tenemos ahora, las proporciones pasaron a ser 38% para las provincias, si se miden sólo impuesto internos. Baja a 32% si se incluye comercio exterior y a 27% si se incluyen contribuciones sociales”, detalló Pilatti.
Consultado sobre la posibilidad de un cambio en en el esquema de reparto, que requiere de una ley nacional y un pacto federal firmado por los todos los gobernadores, el economista señaló que “no es el momento”. “Fue antes de 2007, cuando las cuentas estaban equilibradas; ahora, con estos problemas, es difícil cambiar cualquier cosa”.