Por PABLO MONTANARO

Neuquén > El primer juicio realizado en el año 2008 contra ocho represores de la región que actuaron durante la última dictadura militar, Juan Cruz Goñi lo vivió entre las aulas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue -en General Roca- y en el edificio del Tribunal Oral Federal de Neuquén donde se realizaban las audiencias. Aún estudiante de Abogacía, Cruz Goñi siguió con interés las alternativas de ese histórico juicio, que lo lleva a afirmar que “la universidad pública tiene que estar al servicio de estas causas”.
Recibido hace dos años, y con 25 años, aceptó la propuesta de formar parte de la querella de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) junto a la abogada María Suárez Amieva en este segundo juicio contra 23 imputados por delitos de lesa humanidad.
Nacido en Aluminé confiesa que cada una de las audiencias que se desarrollan en el Salón de AMUC las vive con mucha responsabilidad. Se muestra con expectativa en relación al comienzo de los alegatos por parte de las defensas y las querellas, y especialmente del dictado de la sentencia y el pedido de condena “que es fundamental para acabar con la impunidad”.
El más joven entre los abogados defensores y querellantes, que participan en este segundo juicio, señala que su presencia “reivindica un compromiso profesional en relación con el involucramiento en temáticas de índole social y una cuestión de naturaleza humana porque todos pertenecemos a una sociedad que ha sufrido los horrores de la dictadura".
 
¿Es lo mismo juzgar delitos comunes que de lesa humanidad?
No. Desde la APDH tenemos dos objetivos. En primer lugar, tratar de constituir al derecho penal como un discurso que pueda producir verdad histórica y que represente lo que realmente fue la última dictadura que denominamos una práctica social genocida. Y en segundo lugar, lograr una condena enérgica y fuerte y que, en alguna medida, represente un punto de inflexión en esta impunidad política, por un lado, que han gozado los imputados de este juicio, y por el otro, impunidad biológica porque el paso del tiempo hizo que muchos de ellos hoy no tengan condena. El derecho penal es un instrumento capaz de edificar un discurso de verdad que permita conocer lo realmente sucedido. Por otra parte, está la cuestión de la intervención para generar condenas que paralicen la impunidad y se acerquen al elemental principio de justicia para quienes cometieron las violaciones más abyectas a los derechos humanos en la región.  Los delitos de lesa humanidad son los más encumbrados en nuestra escala jurídica.
 
¿Por qué?
Porque tienen la característica de ofender a la víctima directa, al sujeto que sufrió el secuestro, la tortura, y también ofende a la humanidad misma. Me parece que este contenido especial que tienen los delitos de lesa humanidad los hace específicos dentro del derecho y además obliga al derecho a adaptar sus categorías clásicas a una nueva realidad que tiene que ser juzgada. Si se analiza la cantidad de garantías constitucionales que han tenido que adaptarse a los delitos de lesa humanidad puede decirse que el cambio jurídico ha sido muy fuerte. Estos delitos si no fuesen de lesa humanidad estarían prescriptos, o les sería aplicable la obediencia debida, la cosa juzgada y un montón de otras garantías. Estos delitos son de tal magnitud que el derecho tiene que dar una respuesta en términos de justicia porque su juzgamiento es imperativo e inexorable.
 
¿Investigar y condenar a los imputados por homicidio, como plantea la APDH, puede marcar un punto de inflexión en estos juicios?
Este planteo, que es importante que se haya hecho en este juicio, donde los desaparecidos iban a ser juzgados solamente por privación ilegítima de la libertad, marca además de una presencia política, un planteamiento en el orden de lo jurídico encaminado en el objetivo que sostiene la APDH que es el conocimiento de la verdad histórica. La APDH no desconoce que la desaparición forzada de personas tuvo entidad en el proceso genocida pero la desaparición forzada de personas finaliza este secuestro y ocultamiento de datos acerca del paradero de las víctimas en homicidios. Desconocer esto sería avalar la impunidad. Sin embargo, el juzgamiento concreto marca un claro posicionamiento de la APDH y un objetivo de justicia.
 
¿Cómo sobrelleva los relatos de las víctimas y de los testigos víctimas?
Los testimonios de los sobrevivientes han sido muy contundentes en el plano de la naturaleza humana que reflejan esta particular situación en la cual los hoy imputados eran amos de la vida y de la muerte de sus secuestrados. También tienen una importancia muy fuerte porque son relatos que están construyendo las imputaciones. Los testimonios han sido tan contundentes y lapidarios, y ha habido un nivel de contradicciones casi nulo, lo que deja a las defensas impotentes de socavar el valor de las declaraciones. Las víctimas, los sobrevivientes han reconstituido un relato colectivo acerca de lo que fue esta práctica social genocida. Este es el valor más importante de estos juicios.
 
Desde la Secretaría de Derechos Humanos de Nación se apuntó al rol de los jueces en los años de la dictadura. ¿Considera que es viable que se investigue el rol de la Justicia en ese tiempo?
Es fundamental analizar el rol de la Justicia. Esto fue una dictadura cívico-militar genocida. Como bien lo marcó el ex fiscal de Bahía Blanca Hugo Cañón (N. de la R: declaró como testigo de concepto en este juicio), incluso podríamos decir que hubo una dictadura cívico-militar-eclesiástica con la complicidad de la jerarquía de la Iglesia. Rescatar esto es parte también de la constitución de la verdad histórica porque esta dictadura militar no hubiera sido posible sin la participación de varios actores políticos que viabilizaron y  habilitaron el uso de la fuerza y permitieron el terrorismo de Estado. La Justicia tiene un rol específico dentro del terrorismo de Estado porque la necesidad de los familiares de las víctimas o de las víctimas mismas de tener en ese momento alguna contención por parte del Estado era esencial. La inexistencia de recurso alguno dejaba prácticamente indefensas a las víctimas y esto se está probando. La indefensión de las víctimas era absoluta. Es fundamental investigar el rol de la Justicia como un garante del terrorismo de Estado.
 
Los testimonios de personas que sufrieron el secuestro y las torturas a los 15 ó 16 años refleja que la persecusión no era sólo hacia los militantes políticos.
En estos meses pudimos observar cómo el espectro de persecución era mucho más amplio de lo que uno, a priori, podía llegar a pensar. No estaba dirigido sólo contra la militancia activa sino contra todo aquel que pensara distinto al régimen de terror. Por ejemplo, los casos de los trabajadores del hospital de Cipolletti o del cooperativista Albanesi. Esos testimonios marcan la extensión que tuvo el plan sistemático represivo. Pero también pudimos ver cómo esta maquinaria aceitada de represión se constituía de un conjunto de elementos que se articulaban entre sí. Estaba el Ejército como la fuerza que comandaba todo, también estamos probando las responsabilidades de las policías provinciales que actuaban bajo el mando operacional del Ejército, la actuación de la Policía Federal, el personal civil de Inteligencia, y Gendarmería. A la hora de reprimir existía una articulación manifiesta de la maquinaria de la represión que se ha podido comprobar en este juicio.
 
¿Cuál es la expectativa respecto a la etapa que comienza el 6 de agosto?
Hasta aquí nuestras expectativas estuvieron puestas en la primera parte del juicio porque creemos que el relato histórico lo han constituido los sobrevivientes de la práctica social genocida. Ahora viene otra etapa, la de los testigos de las querellas y testigos presentados por las defensas de los imputados. Pero la etapa más fuerte es la de los alegatos porque allí las partes van a encuadrar los hechos con sus posicionamientos jurídicos, políticos y filosóficos. Todo esto va a tener una alta carga de conceptualización y de explicación de lo que sucedió y del pedido de condena que es fundamental para acabar con la impunidad. Espero con mucha expectativa ese momento.