Por Humberto Zambon

Es habitual leer en algunos diarios, escuchar por radio, televisión o en las reuniones de café lo de “la plata de los jubilados”, referido a los fondos que administra Anses y asociado al uso que las autoridades nacionales hacen de los mismos.
En realidad, ese dinero es de los jubilados, pero también de los trabajadores en actividad que hacen sus aportes mensuales y de los empresarios que contribuyen al mismo con el monto que fija la ley y también de los niños que en el futuro serán los aportantes y, más adelante, los beneficiarios del sistema. En otras palabras, es de toda la sociedad. Porque es un sistema solidario mediante el cual la población activa del país se hace cargo del mantenimiento de aquella parte de la sociedad que, por su edad o salud, no puede hacerlo. Por eso la Anses paga las jubilaciones, pensiones y salarios familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH) para aquellos niños cuyos padres no están incluidos en el sistema, y también por eso, por solidaridad, se incluyó como moratoria a las amas de casa y a todos aquellos que, teniendo edad de retiro, no contaban con los aportes necesarios para obtener la jubilación ordinaria.
Es un criterio totalmente opuesto al de las AFJP, donde cada aportante tenía su cuenta individual, que funcionaba como una cuenta de ahorro, donde se le acreditaba sus aportes (mejor dicho, lo que quedaba de él luego de descontadas las suculentas comisiones) más la proporción de las posibles rentas obtenidas por esos fondos, que al momento de la jubilación se le devolvía como una renta vitalicia o durante cantidad fija de años, según lo que se hubiera pactado. Obsérvese que es un concepto individualista, propio del neoliberalismo imperante en ese momento, contradictorio con el concepto solidario actual.
La creación de las AFJP se justificó en su momento como forma de impulsar en el país el mercado de capitales, propio de los países capitalistas avanzados. Es decir, el dinero de los aportes, netos de comisiones, se destinaba a inversiones, ya sea en acciones, títulos de deuda o depósitos en moneda nacional o extranjera. Esto es lógico: así como los bancos no guardan en sus cajas el dinero depositado en caja de ahorro o plazo fijo, sino que lo prestan para ganar intereses, los fondos de jubilación también se invierten para poder acrecentarlos con la renta que generen. En el caso de la Anses, no es que las autoridades “metan mano en los fondos de los jubilados”, sino que se aplica la misma lógica, de invertir los fondos existentes, que se incrementa con los excedentes de recaudación respecto a sus erogaciones, y que garantizan el pago futuro de las jubilaciones de los actuales aportantes.
Claro que la lógica de inversión es distinta. En las AFJP primaba el criterio cuantitativo del mayor lucro posible, inclusive con inversiones en el exterior, mientras que en la Anses interesa  primordialmente el objetivo social y solidario de la inversión (como es el préstamo hipotecario para construir viviendas), y su repercusión en el desarrollo de la Nación.
Inclusive, con las AFJP se generó un círculo vicioso aberrante: como con su creación el estado se hizo cargo del pago de las jubilaciones existentes mientras que los aportes de la población activa iba a las administradoras privadas, el sistema quedó desfinanciado; entonces el Estado, que había cedido esa recaudación a las organizaciones financieras, se lo pedía prestado, luego de retener una comisión que en promedio osciló entre el 21,8% y el 34% del aporte, pagándoles un interés. El negocio fue tan lucrativo que, por ejemplo, en el año 2006 las AFJP percibieron por comisiones 2.364 millones de pesos, 1.300 en concepto de seguros (en compañías que, por lo general, eran de los mismos dueños) y el resto como comisiones netas. En los años que duró el sistema privatizado se embolsaron aproximadamente 9 mil millones de pesos en concepto de comisión.
Hubo casos extremos, como el informado por el diario Clarín del 8 de agosto de 1998: para un sueldo de $240 de ese momento, la AFJP que cobraba mayor comisión se quedaba con el 54% de su aporte, de forma tal que sólo el 46% se acreditaba en su cuenta.
Nacionalización
En noviembre de 2008 el congreso aprobó la nacionalización del sistema jubilatorio. Los activos de las AFJP, que en ese momento ascendían a 26 mil millones de dólares, pasaron a formar parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema, que se incrementa con las rentas que obtiene y los eventuales excedentes de recaudación sobre las erogaciones. En julio de 2011, Diego Bossio, de Anses, calculó que si hubiera seguido el sistema de las AFJP, éstas hubieran cobrado como comisión por la administración de los fondos unos 352 millones de pesos mensuales, mientras que en total la Anses gasta 45 millones, un 88% menos.
En la actualidad, de las erogaciones que hace la Anses, el 67,6% va a prestaciones previsionales, incluyendo lo correspondiente a ex cajas provinciales absorbidas por este organismo, 12,4% a asignaciones familiares, el 12,3% a otros (pensiones a excombatientes de la guerra de Malvinas, plan Conectar, etc.), el 0,4% a seguro de desempleo y el 2,3% del total son los gastos de la administración del sistema.
Con la estatización del sistema se aprobó por ley la actualización cada seis meses de las prestaciones y se amplió enormemente la cantidad de beneficiarios, tanto por la moratoria como por la incorporación, mediante la Asignación Universal por Hijo, de tres millones y medio de niños que reciben el salario familiar. Además, los fondos recaudados que conforman el  Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema se deben invertir con una lógica de desarrollo social y económico del país.