Neuquén > Un hombre acusado de matar a balazos a una mujer porque le adeudaba algunos meses de alquiler fue procesado con prisión preventiva por el titular del Juzgado de Instrucción Tres, Marcelo Muñoz.
La víctima, identificada como Raquel Beatriz Pilquiman, recibió un disparo que le impactó en la zona hepática, provocándole graves heridas y su muerte en forma casi inmediata. El incriminado, de 24 años, fue identificado como Jorge Omar Martínez.
Pilquiman fue atacada el 26 de mayo y los agresores fueron Martínez y un familiar, quienes se presentaron en la casilla de la manzana 109 del barrio Villa Ceferino y destruyeron la puerta de ingreso a patadas.
Según la causa, los violentos amenazaron a la familia Pilquiman afirmando que tenía hasta las 18 de ese día para desocupar el departamento. De lo contrario, “volverían con la 45 y los iban a cagar a corchazos”.
Siempre según la causa, horas después, en momentos en que Raquel Pilquiman se encontraba en la puerta de la casa, Martínez efectuó múltiples disparos -serían 10- desde una distancia de unos 50 metros. Producto del ataque, le provocó un orificio de entrada en la región intercostal derecha.
Las evidencias logradas en la instrucción de la causa, a criterio del juez, fueron concluyentes para sostener el procesamiento con prisión preventiva del acusado. Es así que le reprochó su directa responsabilidad en el asesinato agravado y, además, le atribuyó el delito de violación de domicilio y amenazas.
 
En prisión
El juez Muñoz entiende que Martínez debe permanecer en prisión, al menos hasta el momento en que su conducta se ventile en un juicio oral y público. En ese sentido, señala que la magnitud de la pena prevista en la calificación que se le atribuye a Martínez “constituye un indicador objetivo y serio que proyecta, fundadamente, a suponer voluntad elusiva del procesado”.
En el punto relacionado con las amenazas, las pruebas resultaron determinantes. “Los imputados  anunciaron deliberadamente que si no dejaban la vivienda les iban a causar un mal futuro”. Muñoz concluye afirmando que “si bien los damnificados debían parte del alquiler, la forma de proceder de los acusados fue grave e injusta”.
La resolución no se encuentra firme. El defensor oficial de Martínez recurrió el dictamen, que en los próximos días será resuelto por la Cámara de Apelaciones Criminal con competencia provincial.