El jefe de Gobierno porteño está acusado de integrar una asociación ilícita para espiar a empresarios y dirigentes opositores.
 
Buenos Aires (NA) > El juez federal Norberto Oyarbide puso ayer al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, más cerca del juicio oral y público en la causa por las escuchas telefónicas ilegales, en la que se lo acusa como supuesto integrante de una asociación ilícita.
Fuentes judiciales informaron que Oyarbide pidió opinión a las distintas partes -técnicamente “corrió vista”- sobre la clausura de la investigación, el paso previo para luego elevar la causa a etapa de juicio oral y público.
La resolución del magistrado deja a las puertas del juicio al jefe comunal, a su ex ministro de Educación, Mariano Narodowski, al ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios, al ex empleado del Gobierno porteño y ex espía Ciro James, a dos jueces misioneros (uno de los cuales falleció el año pasado), a una secretaria judicial y a tres policías de esa provincia.
Oyarbide les imputa ser miembros de una “asociación ilícita” y en algunos casos también les atribuye “interceptación indebida de las comunicaciones”, aunque la decisión la tomó sin esperar que la Cámara Nacional de Casación, máximo tribunal penal del país, confirme o no el procesamiento del mandatario.
Los jueces misioneros son José Luis Rey y Horacio Gallardo, este último fallecido en septiembre pasado; la ex secretaria judicial es Mónica González, y los policías son Raúl Rojas, Diego Guarda y Rubén Quintana.
En la investigación judicial se estableció que había un sistema habitual en donde los dos jueces misioneros, y por pedido de policías de esa provincia y James, ordenaban escuchas telefónicas a distintas personas por diferentes investigaciones.
 
Correr vista
Las querellas son las primeras a las cuales el juez les corrió vista, para lo cual cuentan con seis días sucesivos.
En ese marco, todas las partes pueden solicitar medidas de prueba si es que consideran que la investigación no está agotada y el magistrado puede hacer lugar o bien rechazarlas y firmar posteriormente que la causa pase a un Tribunal Oral.
La resolución con la cual se dispuso avanzar a la etapa de juicio es muy escueta, y en ella el juez aclara que si bien hay recursos pendientes en la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal (entre otros la recusación de Oyarbide y la confirmación o no de los procesamientos), eso no es escollo para elevar la causa a juicio.
El juez justificó su decisión en las demoras que hay en Casación para definir los planteos pendientes y en el derecho a defensa en juicio de los imputados.
 
La acusación
Al jefe de Gobierno se lo acusa de la escucha telefónica que tuvo como víctima a su cuñado Néstor Daniel Leonardo; y a Sergio Burstein, principal referente de la Asociación Familiares Víctimas del atentado a la AMIA, supuestamente por las críticas que éste formulaba ante la asunción de Palacios como jefe de la Policía Metropolitana.
Para la Justicia, en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se sabía del funcionamiento de un sistema de inteligencia y se sostuvo económicamente al espía James, quien ingresó a trabajar como asesor en el Ministerio de Educación en 2008 con un sueldo de seis mil pesos. Al mismo tiempo era quien retiraba los casetes de la SIDE con las escuchas telefónicas.
En 2010, la Cámara Federal entendió que Macri no "montó una empresa de pinchaduras telefónicas para escuchar a su cuñado y a Burstein, sino que conoció y prestó su consentimiento para instalar en el ámbito del Gobierno de la Ciudad un aparato de inteligencia prohibido, del que se habría servido”.
 
Teléfono pinchado
La causa surgió cuando un llamado anónimo realizado desde un locutorio ingresó a la casa de Burstein y dio aviso a su hija de que el teléfono de su padre estaba “pinchado” por orden de Palacios. Luego se supo que otras víctima fueron el empresario Carlos Ávila y legisladores porteños de la oposición.