Cientos de manifestantes siguieron las alternativas de la primera audiencia frente a las puertas del Tribunal Oral Federal  de Neuquén. El proceso judicial continuará hoy a partir de las 9.

Neuquén > Veinticuatro represores, entre ex jefes militares, integrantes del Ejército, Policía Federal, policías de Neuquén y Río Negro, y de los servicios de inteligencia, acusados de delitos de lesa humanidad cometidos en ambas provincias a partir del 24 de marzo de 1976, fueron sentados ayer en el banquillo de los acusados durante la primera audiencia del juicio oral y público que se realizó en el Tribunal Oral Federal de esta ciudad.
La audiencia, iniciada después de las 9, fue presidida por el juez Orlando Coscia junto a los vocales Eugenio Krom y Mariano Lozano, en la causa conocida como La Escuelita II, en alusión al centro clandestino de detención que funcionó en los fondos del Batallón de Ingenieros 181, sobre la Ruta 22.
El tribunal, a través de la Secretaría Penal, se encargó de la lectura de la requisitoria fiscal por los casos de 39 víctimas de la región e informar detenidamente sobre las conductas penales de los acusados y su encuadramiento jurídico.
La Fiscalía, el Juzgado Federal de Neuquén y los abogados querellantes les reprocharon la autoría y participación en graves delitos calificados como privación ilegítima de la libertad por el empleo de violencia y aplicación de tormentos físicos y psíquicos agravados por resultar las víctimas perseguidos políticos.
Además fue incriminado y sometido a juicio oral y público un grupo de oficiales y suboficiales de la Policía de Río Negro. Los efectivos, que cumplían funciones en distintas comisarías de Cipolletti y Cinco Saltos, respondían las órdenes de los jefes militares. De la misma manera actuaban oficiales y suboficiales de la provincia del Neuquén.
Los policías rionegrinos participaron de allanamientos, detenciones, terribles golpizas y torturas a las que eran sometidos los detenidos.
Los imputados ingresaron al edificio del tribunal cerca de las 7 y fueron repudiados por militantes de organizaciones de derechos humanos y otros organismos.
De los 24 imputados en la causa sólo 20 estuvieron presentes, ya que el resto que tienen prisión domiciliaria siguieron las instancias a través de una videoconferencia desde el Consejo de la Magistratura de la Nación (en el caso de José Ricardo Luera y Osvaldo Reinhold) y desde la Cámara Federal de Bahía Blanca (Osvaldo Laurella Crippa). En tanto, el ex jefe de Inteligencia del Comando de la VI Brigada, Mario Alberto Gómez Arenas, no se presentó por razones de salud. El fiscal José María Darquier informó que el acusado “tenía pendiente unos informes médicos, psicológicos que tienen que ver con una enfermedad, Mal de Alzheimer, que en principio estaría avanzando; se ordenó una cantidad de estudios. Por lo tanto hay una suspensión provisoria”.
La responsabilidad de Gómez Arenas en los delitos emerge en todos los expedientes.  Gómez Arenas y Reinhold fueron condenados en el primer tramo del juicio que se desarrolló en 2008 con penas de 25 años de prisión. 
El fiscal y el juez federal de primera instancia vincularon a los incriminados con delitos cometidos en perjuicio de 39 personas, 6 desaparecidas.
Los desaparecidos son Celestino Aigo, Orlando Cancio, José Méndez, José Francisco Pichulman, Miguel Pincheira y Javier Seminario Ramos, quienes fueron secuestrados en 1976, sometidos a torturas en los centros clandestinos de detención La Escuelita y con paso por las cárceles de Neuquén, General Roca, Bahía Blanca y Rawson.
La situación procesal por la que se encuentran los acusados no tendría retorno. Se descuenta que los fiscales Darquier y Grosso, mantendrán la acusación contra todos los imputados. Igual actitud adoptarán los abogados querellantes que representan a la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH), Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
 
Incidente
Cuando los acusados se retiraban del Tribunal Oral Federal, desde uno de los vehículos del Servicio Penitenciario que transportaba a algunos de ellos se arrojó un gas pimienta que, al impactar contra la calzada, se expandió alcanzando los ojos de Nadia París, sobrina de Eduardo París, víctima y sobreviviente de la dictadura militar.
De inmediato, París fue trasladada al hospital Castro Rendón, donde fue atendida por personal médico. La joven radicó la denuncia en la Fiscalía 4 de esta ciudad.