Por ANA LAURA CALDUCCI

A pocos días de asumir, los integrantes del nuevo gobierno municipal afirmaron que harían cumplir la Ordenanza Nº 8.033, aprobada en 1997, y en 90 días erradicarían el lavado de autos. Sin embargo, a un mes y medio de ese anuncio,  muchos pasos de ese proceso incluyeron declaraciones contradictorias, desmentidas públicas y acusaciones cruzadas con otras fuerzas políticas.
La primera desmentida fue a mediados de enero, cuando el secretario de Coordinación, Marcelo Bermúdez, señaló que los antecedentes policiales no condicionarían el ingreso de los lavacoches al programa de capacitación laboral que proponía el municipio. A fines de diciembre, el mismo funcionario había informado lo  opuesto.
Hubo una segunda contradicción hace dos semanas, protagonizada en este caso por Bermúdez y  el concejal oficialista Leandro López, quien había asegurado que los lavacoches cobrarían un subsidio por capacitarse. El coordinador del gabinete municipal lo desmintió públicamente e incluso mantuvo una discusión por este punto con la concejal del UNE-FPN, Teresa Rioseco, que acusó al Ejecutivo de engañar a quienes limpian autos.
Ayer se produjo otra desmentida durante la presentación de las conclusiones del relevamiento que se hizo en enero. Esta vez fue por partida doble.
Por un lado, se conoció que gran parte de quienes participaron del registro no estaban en el padrón que dejó la gestión anterior, aún cuando se había anunciado que no se aceptarían personas fuera de ese listado.
Por otra parte, se anticipó que los inscriptos formarán parte del programa de capacitaciones aún cuando muchos no cuentan con tres años de residencia en Neuquén, otro de los requisitos que se había presentado inicialmente como excluyente.