Buenos Aires (NA) > El Gobierno salió ayer a defender como "atribución" suya el reordenamiento dispuesto sobre la grilla de canales de televisión por cable y advirtió a los operadores que si no se ajustan a los cambios pueden llegar a perder sus licencias.
A través del jefe de Gabinete Aníbal Fernández y del titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Gabriel Mariotto, el Gobierno salió así a rechazar los cuestionamientos efectuados a la medida por cableoperadores.
Aníbal Fernández aseguró que la definición de la nueva grilla de canales de televisión por cable es "una atribución del Estado" y dijo que la medida está orientada a "facilitar la competencia".
"Es una atribución del Estado, no es que se mete el Estado. Es una atribución, lo era con la vieja ley y lo es ahora. La grilla es del Estado, no de los canales", señaló Fernández en declaraciones radiales.
El funcionario indicó que "el Estado debe facilitar la competencia y la capacidad para el funcionamiento de todos" y remarcó que, en cambio, "sería una injerencia si uno se mete en los contenidos".
Fernández dijo que hay un canal de noticias que "sigue diciendo las mismas mentiras todos los días y nadie dice nada". Destacó que a partir del 1 de octubre estarán "todos los canales de noticias" juntos, como ocurre en los sistemas de televisión satelital.
Pluralidad informativa
Por su parte, Mariotto dijo que las modificaciones en el orden de los canales buscan "garantizar la pluralidad informativa" y advirtió que las señales que no se ajusten a los cambios podrían perder sus licencias, aunque el primer paso es la aplicación de multas.
"No ajustarse (a la nueva grilla de programación) es una falta grave, eso puede tener una sanción, y la falta grave puede suponer la pérdida de la licencia", indicó.
El titular de AFSCA reiteró que la Ley de Medios "es absolutamente aplicable" y consideró "falsa" la información publicada por tino Clarín que señala que la ley está "suspendida por la Justicia".
El funcionario dijo que la vigencia de la ley "está sustentada por la Corte Suprema, que en un dictamen estableció que la medida cautelar que impedía su aplicación carece de razonabilidad", al referirse a un recurso presentado por un diputado en Mendoza.
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