El legislador señaló que la información la suministró SEJUN y que en «una reunión privada» la ratificó el vocal del TSJ Guillermo Labate.
Neuquén > El diputado radical Marcelo Inaudi denunció ayer en la sesión de la Legislatura provincial que en la obra de la Ciudad Judicial los inodoros fueron presupuestados en 20 mil pesos cada uno, y que está “investigando” otros supuestos sobreprecios como el establecido para el metro cuadrado de construcción.
“El gremio judicial señaló que son 16 artefactos a un valor de 20 mil pesos. Tuve conversaciones privadas con Guillermo Labate (vocal del Tribunal Superior de Justicia) que me confirmó que así está presupuestado dentro del costo de la Ciudad Judicial”.
De manera irónica, Inaudi se preguntó si estos inodoros “eran de Persia” y que con “ese valor pocos se van a atrever a hacer usos de ellos”. El legislador también señaló que está “investigando otras cosas” de este emprendimiento que se levanta a pocos metros del edificio de la Legislatura y explicó: “Me falta confirmarlas, pero están relacionadas con el costo del metro cuadrado de construcción”.
Consultado sobre esta denuncia, el presidente del bloque del MPN, José Russo, indicó que no tenía “la menor idea” al respecto.
La obra de la Ciudad Judicial fue adjudicada en 2007 a la empresa Riva S.A. por el gobierno de Sobisch en un monto superior a los 116 millones de pesos, pero a comienzos de este año se determinó que el costo final del proyecto rondará los 140 millones.
Crisis económica de por medio, la concreción de la obra – que se acordó ser financiada por el Poder Ejecutivo y el Judicial en partes iguales – se hizo cuesta arriba. Por esta razón, el martes el presidente del TSJ, Oscar Massei, indicó que se estudia la posibilidad de solicitar al gobierno nacional un préstamo de unos 100 millones de pesos para poder terminarla.
En paralelo, se originó un conflicto por la decisión de la empresa constructora de despedir a 20 trabajadores de la UOCRA que se desempeñaban en la obra, situación que ayer fue subsanada a partir de la intervención del gobierno provincial a través de la Subsecretaría de Trabajo (ver página 8).
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