Las comunidades del sur chileno afirman que la situación ya desbordó al gobierno de Bachelet.
Santiago de Chile (dpa) > La crisis indígena recrudeció en Chile luego que comunidades mapuches aseguraran que la situación desbordó al gobierno de Michelle Bachelet, recriminado ayer por Naciones Unidas por aplicar leyes antiterroristas a estos grupos.
El conflicto, que escaló luego que un mapuche fuera abatido por la espalda por la Policía en una protesta rural, generó además roces entre el Gobierno y la Justicia Militar, responsable de procesar a los indígenas que supuestamente infringen la cuestionada ley.
“Nos parece que la Justicia Militar ha sido lenta en resolver, por ejemplo, el caso de Matías Catrileo” un joven ultimado a tiros por la Policía en 2008, alegó además ayer el ministro de la Presidencia, José Viera Gallo.
Por su parte, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó en Ginebra su preocupación por la aplicación de la ley antiterrorista, tras estudiar un informe de Chile sobre el conflicto.
En un clima de crecientes llamados a la movilización, líderes de agrupaciones mapuches, la más importante del país, alertaron que la crisis amenaza con sobresapar al gobierno y a los propios dirigentes aborígenes.
“Hay impotencia, esto ya se desborda. Nosotros como dirigentes ya no tenemos el control de la situación y obviamente la gente va a hacer lo que le digan sus sentimientos y eso constituye un riesgo”, afirmó José Naín, vocero de 20 comunidades mapuches del sur del país, la zona donde está concentrada la crisis.
Ante la crisis, Bachelet pidió regresar al diálogo “como única solución” y la Iglesia católica solicitó detener las estrategias represivas que “echan bencina al fuego”, según el obispo José Vial.
La muerte el miércoles de Jaime Mendoza Collío, detonante de la actual escalada, ocurrió durante la toma de un predio en la provincia de Angol y que se suma a otros dos decesos de activistas a manos de la Policía, acaecidos los últimos seis años.
El conflicto, hasta ahora, no puede entenderse como un alzamiento similar a los vividos en Perú o Bolivia. De hecho, sólo tienen problemas con la autoridad y con sus demandas por tierras unas 50 comunidades, de las 2.500 que existen.
Pero nadie sabe cuál será la reacción ahora del pueblo mapuche, que históricamente mantuvo largas guerras con los imperios inca y español, además del Estado chileno.
Pero que también ha tenido una histórica postura conservadora y proclive a la derecha en la mayoría de sus comunidades, a diferencia de los sectores hoy en conflicto.
En el fondo del problema, para todos los grupos, está su reclamo por recuperar tierras ancestrales que consideran usurpadas por los “huincas” (extranjeros) chilenos.
El Gobierno alega que desde 1990 fueron entregadas 650.000 hectáreas a las comunidades y que existen normas legales para pedir los traspasos de tierras, que son financiados por el Estado.
Grupos defensores de la causa mapuche retrucan que sólo fueron entregadas 100.000 hectáreas y que el resto sólo fueron regularizaciones de propiedad.
|
Noticias
EXTERIOR
